El juicio contra la ex secretaria de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, tuvo este miércoles su tercera audiencia en la sala de debates del Poder Judicial, en una jornada atravesada por la incorporación de pruebas técnicas sobre el estado del colectivo adquirido para el San Luis Fútbol Club (SLFC) y por los testimonios que describieron el funcionamiento y los recursos con los que contaba la institución.

El tribunal está integrado por Fernando De Viana como presidente y Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso como vocales. La acusación es sostenida por los fiscales Francisco Assat Alí y Juan Pablo Díaz Estopiñán, con la participación de la querella a cargo de Rafael Berruezo y Santiago Calderón Salomón. La defensa de Ramírez está en manos de los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio.

Cintia Ramírez en Tribunal.

La acusación contra Cintia Ramírez se centra en dos ejes principales: por un lado, el direccionamiento de fondos públicos desde el Ente Deportes hacia el San Luis Fútbol Club, institución que ella misma presidía; y por otro, la compra de un colectivo que, según la fiscalía, se habría concretado con un sobreprecio de $165 millones en perjuicio del Estado.

En ese marco, la audiencia de este miércoles estuvo atravesada por elementos que impactan directamente en ambos puntos. Por un lado, una pericia técnica fijó el valor del colectivo en una cifra muy inferior a la que habría sido abonada y describió fallas mecánicas relevantes. Por otro, los testimonios avanzaron sobre el funcionamiento interno del club y la cantidad de recursos, insumos y beneficios con los que contaba.

La jornada también marcó el cierre de la etapa de testigos de la fiscalía y la querella, y el inicio de las declaraciones propuestas por la defensa, entre ellas la del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.

Alberto Rodríguez Saá declaró en el debate contra Cintia Ramírez.

El colectivo: una tasación por debajo y fallas mecánicas

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la declaración de la martillera Marina Rizzotto, quien realizó la tasación del colectivo marca Volvo modelo 2018 adquirido para el club.

Explicó que para elaborar su informe recabó información de fabricantes, operadores del mercado y empresas vinculadas a la comercialización de este tipo de vehículos, y que el análisis contempló tanto el chasis como la carrocería.

Durante la constatación, detalló que el colectivo presentaba más de 850 mil kilómetros y no contaba con el service de media vida, un mantenimiento clave que suele realizarse alrededor de los 800 mil kilómetros. También explicó que la vida útil de estos vehículos está fijada en 10 años, lo que incide directamente en su valor de mercado.

Marina Rizzotto realizó la tasación del colectivo.

Al describir el estado del vehículo, señaló fallas relevantes: pérdida de aceite en el motor, tapa de válvula perforada, correas deterioradas, desgaste en frenos y llantas con escasa vida útil. Incluso indicó que al ponerlo en marcha debieron interrumpir la prueba por los inconvenientes mecánicos.

“El motor acusaba pérdida de aceite por la tapa de válvula, que estaba perforada, y había un charco visible en el piso”, detalló. Y agregó: “Al ponerlo en marcha, los rodamientos comenzaron a despedir esquirlas y las correas estaban totalmente deshilachadas, por lo que tuvimos que frenar la prueba”.

En ese sentido, advirtió sobre las condiciones de uso: “Un colectivo debe cumplir con determinadas condiciones para brindar seguridad, y la falta de mantenimiento puede traer consecuencias”, sostuvo, al explicar que el estado del vehículo implicaba un riesgo si era utilizado para el traslado de personas.

Los recursos del club: insumos, tecnología y beneficios

Otro de los testimonios relevantes fue el de Natalia Sarmiento, quien se desempeñó como interventora del San Luis Fútbol Club.

Relató que durante su intervención tomó contacto con jugadoras, cuerpo técnico y personal del club, y que pudo observar el nivel de recursos con los que contaba la institución.

Natalia Sarmiento, fue interventora del SLFC.

Describió que las futbolistas estaban alojadas en el predio del Ave Fénix y en departamentos de la Universidad de La Punta, y que se gestionaron becas para cubrir alimentación completa —almuerzo, merienda y cena— y atención con kinesiólogos del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).

También señaló que en el predio del CARD había una gran cantidad de materiales deportivos e insumos: pelotas, indumentaria, proteínas, bebidas isotónicas, insumos médicos y equipamiento tecnológico que es poco habitual en clubes de la provincia.

“Me llamó la atención la cantidad de elementos con los que contaba el club, que pocas veces lo he visto en otros clubes”, afirmó. Y agregó: “Generalmente un club de primera tiene una conservadora y con suerte”.

En esa línea, remarcó la diferencia en el nivel de equipamiento: “Tenían pecheras con GPS, que es algo propio del fútbol profesional, acá en San Luis no existe. He sido interventora de Estudiantes y no lo tienen”.

Adriana Lucero Alfonso, Fernando De Viana y Eugenia Zabala Chacur, integrantes del Tribunal.

Otros testimonios y el cierre de la etapa de fiscalía

Durante la jornada también declaró el escribano de Gobierno, Juan José Laborda Ibarra, quien intervino en actuaciones vinculadas a la intervención del club y en gestiones relacionadas con la entrega del colectivo.

Señaló que en una primera instancia el vehículo no le dio la impresión de ser nuevo ni tampoco muy antiguo, y que en un primer intento de entrega los interventores rechazaron recibirlo por falta de documentación.

Por su parte, el subcomisario Antonio Oros, de Policía Científica, expuso sobre la constatación del colectivo en el depósito judicial, donde se encuentra actualmente, y se exhibieron imágenes del vehículo.

Con estas declaraciones finalizó la etapa de testigos de la fiscalía y la querella.

“Soy absolutamente responsable”

En la segunda parte de la audiencia declaró Rodríguez Saá, quien se refirió al funcionamiento del Ente Deportes, la creación del San Luis Fútbol Club y la decisión de adquirir el colectivo.

En la previa a su llegada, en el ingreso al Poder Judicial se concentró un grupo de dirigentes vinculados al Partido Justicialista para acompañar al ex gobernador. Entre ellos estuvieron el ex intendente Sergio Tamayo, el ex ministro de Seguridad Luciano Anastasi, el ex jefe de Policía y diputado, Darío Neira, la diputada María José Zanglá y concejales. Varios de ellos ingresaron posteriormente a la sala de debates y, en el hall de acceso, se manifestaron con aplausos y expresiones de apoyo hacia el ex mandatario durante el desarrollo del juicio.

Alberto Rodríguez Saá.

Durante su exposición, Rodríguez Saá habló sobre sus políticas vinculadas al deporte y fundamentó la creación del Ente Deportes en la necesidad de “agilizar la ejecución presupuestaria y garantizar mayor control en el destino de los fondos”.

El ex gobernador afirmó que no existía incompatibilidad en que Cintia Ramírez se desempeñara como secretaria de Deportes, presidenta del Ente y presidenta del club. “No hay ningún impedimento legal”, sostuvo, y agregó que el esquema permitía que los recursos llegaran de manera directa a su destino y con rendición de cuentas.

Al referirse a la compra del colectivo, fue categórico: “Estoy al tanto de lo del colectivo y soy absolutamente responsable”. Y precisó: “Di la orden de compra. Con el monto que fuera”.

También aseguró que la decisión surgió a partir de un pedido del plantel, tras el ascenso del equipo a la máxima categoría del fútbol femenino. “El colectivo es el ABC de la viabilidad del traslado”, afirmó.

En esa línea, desvinculó a Ramírez de la operación: “La señora, Cintia, no abrió la boca ese día. Fueron las chicas”, y remarcó que la funcionaria se excusó de intervenir en el trámite. Sin embargo, en la nota del club donde le requirieron el vehículo, estaba la firma de la ex secretaria.

Durante su declaración también sostuvo que, a su criterio, la asistencia estatal al club no constituía una irregularidad y defendió el modelo de financiamiento. “No solo que no es un delito sino que estoy absolutamente orgulloso”, expresó.

En un momento de su testimonio, y tras asumir la responsabilidad en la decisión de compra, la Fiscalía de Estado solicitó la suspensión de la declaración al considerar que podía autoincriminarse. La fiscalía adhirió al planteo, pero el Tribunal resolvió rechazarlo y permitió que continuara declarando.

Berardo: el trámite del subsidio y la transferencia al club

Luego declaró el ex secretario General de la Gobernación y también imputado por corrupción en otra causa junto a Ramírez. "Micky" Berardo explicó su intervención en el expediente que derivó en la entrega del subsidio para la compra del colectivo.

Relató que, tras el campeonato obtenido por el equipo, se realizó un almuerzo con el plantel y que en ese contexto surgió el pedido de un colectivo para facilitar los traslados. A partir de allí, indicó, recibió la instrucción de iniciar el trámite administrativo.

Miguel Berardo, ex secretario General de la Gobernación.

“Se forma el expediente, pasa por las áreas legales y, a partir de ahí, refrendo yo el contrato y se entrega el subsidio”, explicó.

También confirmó que el dinero fue depositado en la cuenta del San Luis Fútbol Club y sostuvo que no existía incompatibilidad en los roles que ocupaba Ramírez.

Durante el contrainterrogatorio, el fiscal le exhibió documentación vinculada a la causa, entre ellas una nota firmada por Ramírez junto a jugadoras del plantel solicitando el subsidio, así como una factura proforma. El testigo reconoció tanto la documentación como las firmas.

El colectivo: versiones contrapuestas sobre su estado

En el cierre de la jornada también compareció Víctor Lucero Jofré, mandatario nacional que fue convocado para analizar la documentación del colectivo antes de su adquisición.

Explicó que viajó a Buenos Aires para verificar la unidad ofrecida, que se trataba de un vehículo importado de alta gama y que, al momento de su inspección, se encontraba en buenas condiciones. “Era algo muy bueno, estaba impecable”, afirmó.

Sin embargo, al observar las imágenes del colectivo exhibidas durante la audiencia —correspondientes a la pericia realizada en la causa— señaló que no se trataba del mismo vehículo que él había evaluado.

Lucero Jofré indicó además que fue convocado por Javier Santagata para realizar esa tarea y que sus honorarios fueron abonados por el Ente Deportes.