El fiscal Adjutor, Rafael Berruezo confirmó que avanzará con una denuncia contra el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá por su participación en la compra con sobreprecio de $175 millones en el colectivo destinado a San Luis Fútbol Club, una de las maniobras investigadas en el actual juicio contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez.

La decisión surge directamente de la declaración que el ex mandatario realizó este miércoles durante la tercera jornada del debate oral, donde, según el funcionario, asumió un rol central en la operación.

“Vamos a denunciarlo desde la fiscalía, atento a lo que ha declarado, por ser coautor del delito de defraudación a la administración pública”, afirmó Berruezo en diálogo con El Chorrillero.

El funcionario aclaró que la presentación no se hará dentro del expediente actual, ya que la causa contra Ramírez se encuentra en su tramo final, sino que dará origen a una nueva investigación judicial.

El fiscal Adjutor Rafael Berruezo.

“Va a tener que hacerse otra denuncia que entrará mañana o el viernes”, precisó.

El testimonio de Rodríguez Saá introdujo un elemento clave en el juicio: la admisión de que la compra del colectivo fue una decisión tomada desde la máxima autoridad del Ejecutivo provincial.

“Estoy al tanto de lo del colectivo y soy absolutamente responsable. Di la orden de compra. Con el monto que fuera”, manifestó hoy en el juicio el ex mandatario.

Para Berruezo esa afirmación no solo no despeja responsabilidades, sino que amplía el alcance de la investigación. “Se autoincriminó claramente porque reconoció que él dio la orden y que se compró ese colectivo”, sostuvo.

El fiscal también evalúa avanzar contra otros ex funcionarios que habrían intervenido en la operación.

“Probablemente denunciemos también al ex ministro de Gobierno (Fabián Filomena), al ex secretario General de la Gobernación (Miguel Berardo) y al ex ministro de Hacienda (Eloy Horcajo), porque todos ellos dieron el visto bueno en palabras de Rodríguez Saá”, explicó.

De todos modos, aclaró que la imputación confirmada por el momento es la del ex mandatario, mientras se analiza la situación del resto.

Incluso, sostuvo que la eventual responsabilidad penal del ex gobernador es independiente del resultado del juicio contra Ramírez. “Aun cuando ella fuera absuelta, a él le cabe la imputación porque dijo ‘yo soy responsable’ y el decreto existe”, afirmó.

La nueva audiencia por el juicio contra Cintia Ramírez.

El eje: un colectivo con sobreprecio

El caso gira en torno a la adquisición de un colectivo por cerca de $290 millones, cuyo estado real fue duramente cuestionado durante el juicio.

Berruezo fue categórico al describir el informe pericial ratificado en la audiencia: “Era un cascajo con 800 mil kilómetros. No tenía aceite, no podía circular, las cubiertas estaban destruidas. Lo arrancaron y lo tuvieron que apagar porque se fundía”.

El fiscal remarcó además un punto que considera especialmente grave: “No es que se le dieron al club 290 millones de pesos para comprar un colectivo, se le dio ese dinero para adquirir esa unidad en especial. No cualquiera”.

Lectura política y judicial

Para Berruezo, la declaración del ex mandatario tuvo un fuerte componente político, pero con consecuencias judiciales directas.

“La declaración fue más política, pero con relación al colectivo se autoincriminó”, consideró.

En ese sentido, el fiscal también puso bajo la lupa las condiciones en las que se concretó la operación: la compra se habría realizado a una empresa de transporte y no a una concesionaria, pocos días antes del cambio de gestión y con documentación que calificó como “muy rara”.