En medio de un difícil escenario con indicadores que marcan una brutal caída de los recursos públicos nacionales y un horizonte de imprevisibilidad, el Gobierno envió hoy los proyectos de emergencia para garantizar el cumplimiento de dos objetivos centrales: en primer lugar proteger los salarios de los empleados públicos y las remuneraciones de los beneficiarios del Plan de Inclusión Social y en segundo lugar asegurar una política de Estado que facilite el acceso a soluciones habitacionales para atender la demanda que hoy afecta a un tercio de la población de la provincia.

En el primer caso el Gobierno se propone cuidar los salarios sin tener que apelar a despidos por no poder pagar los sueldos.

A través de la otra iniciativa legislativa determinará una hoja de ruta legal presupuestaria para dar lugar a las soluciones habitacionales. Acá se contempla que el 50% del presupuesto destinado a obra pública se oriente a las soluciones habitacionales.

El Gobierno formuló los anuncios esta tarde mientras el gobernador Claudio Poggi desarrollaba una ronda de reuniones que empezó con el gabinete ampliado.

Luego convocó a los bloques parlamentarios del oficialismo para interiorizarlos de la necesidad de sancionar las leyes y a los intendentes que se referencian en el Frente Ahora San Luis para informarles de los detalles de las medidas que está impulsando.

El gobernador Claudio Poggi se reunió hoy con el gabinete. (Foto ANSL)

 Asegurar los sueldos de estatales y los fondos para el PIS

El Gobierno buscará el aval de la Legislatura para prorrogar parcialmente la Ley de Emergencia vigente por el término de dos años.

El proyecto contempla la afectación de fondos para la creación de una reserva salarial y social, equivalente a dos nóminas salariales y dos liquidaciones de planes sociales, destinada a garantizar el pago ante eventuales situaciones transitorias de iliquidez.

La medida se fundamenta en la disminución sostenida de los recursos por coparticipación federal y demás transferencias automáticas nacionales, que en 2025 se ubicarán en la peor marca de la última década, siendo los más bajos respecto del nivel habitual y normal de los últimos diez años.

Asimismo se mantendrá congelada la planta de personal del Estado y el acceso al Plan de Inclusión, como parte de una política de control del gasto y uso responsable de los recursos públicos, según informó el Gobierno.

Con esta herramienta legal, el Ejecutivo busca sostener el funcionamiento del Estado sin comprometer servicios esenciales, manteniendo el equilibrio de sus cuentas y asegurando el pago de los salarios frente a turbulencias económicas, sostuvieron desde el Ejecutivo.

Soluciones habitaciones para todos los inscriptos

La segunda iniciativa tiene como objetivo garantizar el acceso a soluciones habitacionales a la totalidad de los sanluiseños que se anotaron en el plan “Tenemos Futuro”.

Las inscripciones se abrieron el 21 de abril y finalizaron ayer lunes 21.

El proceso permitió conocer la demanda real en cuanto a necesidad de vivienda y, ya con los datos finales, se dispuso la creación de una herramienta que busca garantizar la continuidad de la política habitacional para cumplir con todos los inscriptos, informó hoy la ANSL.

“La anterior gestión abandonó la construcción de viviendas quitándoles a los sanluiseños la posibilidad de acceder a la casa propia. Asumimos y no contábamos con datos reales en cuanto a la necesidad habitacional. Hoy con la inscripción finalizada podemos informar que 66.504 grupos familiares conformados por un total de 190.761 personas completaron el formulario de inscripción. Esto significa que un tercio de la población le confió a nuestra gestión la posibilidad de acceder a su vivienda”, adelantó el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini en declaraciones reproducidas por la agencia oficial.

“Se prevé que mediante la declaración de la emergencia habitacional se destine la mitad del presupuesto asignado a obra pública al plan ‘Tenemos Futuro’ para la generación de soluciones habitacionales; la creación de la secretaría de Estado de Política Habitacional que dependerá administrativamente del ministerio de Desarrollo Humano, un área que no implicará la creación de una nueva estructura de funcionarios sino una reestructuración de los equipos del ministerio que ya vienen trabajando en la temática y la realización de un relevamiento de terrenos fiscales de dominio privado en todo el territorio provincial”, explicó el funcionario.