“EN EL CASO DE EL CABURÉ EL MISMO FISCAL DIJO QUE NO HUBO UN PERJUICIO CONTRA EL ESTADO”
El gobernador Poggi expuso números para explicar la situación del campo propiedad del Estado, en el que se cuestiona el destino de una cosecha de maíz. “En esa zona, dos mil hectáreas valen 1,4 millón de dólares, por lo que no puede una cosecha de maíz valer dos millones”, argumentó; y dijo que “ellos, que mantuvieron funcionarios procesados en dos instancias que ahora quieren volver, pretenden que seamos todos iguales, y no lo somos”.
- Por Redacción --
- Sabado, 06 Junio, 2026
El gobernador Poggi no le esquivó el bulto cuando fue consultado sobre el caso de El Caburé, sobre el que se apoya la oposición para intentar esmerilar su figura y que tiene dos ex funcionarios procesados, que fueron separados de la gestión hasta aclarar la situación.
“Lo mediatizaron fuerte, pero el tema es muy simple. Nosotros en 2024, no yo, funcionarios del Gobierno, encontramos un campo que era propiedad del Estado. Así como una vez encontramos un 147 tirado acá, que lo dejó alguien que lo estaba usando por su cuenta, o para una picada en un pueblo, una maquinaria de Vialidad en otro pueblo o en una propiedad privada. Así como íbamos encontrando cosas en el desorden, desorden que les convenía a unos pocos, encontramos un campo que era propiedad del Estado, 2.000 hectáreas en el sur de San Luis”, dijo a modo de introducción.
Y continuó: “El campo, en esa zona, primera cuestión que quiero desmitificar, ese campo en el sur de San Luis vale 700 dólares la hectárea. Dos mil hectáreas son 1.400.000 dólares. Lo que la oposición muestra es un faltante de maíz de dos millones de dólares. O sea, no puede valer más el maíz que el campo”.
“El segundo dato, siguiendo el expediente judicial y por las afirmaciones que he escuchado en la tele del fiscal de la causa, el maíz que se encontró, que estaba sembrado cuando se encontró el campo por lo que dice la causa y dice el fiscal, fue trillado por un privado, un contratista que, inclusive, creo que declaró en la causa y dijo que no le alcanzó ni para cubrir los gastos de la trilla. Y el mismo fiscal dice que no hubo perjuicio al Estado, sino que hubo una negligencia administrativa del funcionario”.
Poggi en este punto marcó una clara diferencia “entre cómo actúa un gobierno y cómo actúa otro”. “Yo, ante esa negligencia administrativa, dicha por el expediente y por el fiscal, apenas tomé conocimiento le pedí la renuncia al funcionario. Y se fue, y lo denunciamos para que aclare su situación. La Justicia interpretó que otro funcionario de un rango superior, secretario de Estado, también, como autoridad, estaba en conocimiento de ese tema y tenía que saber. Bueno, ese mismo funcionario, el día que la Justicia le atribuyó algún cargo, renunció para poder defenderse con libertad y sin ninguna influencia. Entonces, fíjese las diferentes formas de actuar. Ellos tenían personas condenadas, los que quieren volver”.
Reafirmó de esta manera que “son el pasado, personas condenadas en primera y segunda instancia, y seguían siendo funcionarios con toda la cobertura. Nosotros, ante una negligencia administrativa, lo denunciamos y lo separamos de la función. Y otro, secretario de Estado, renunció para defenderse de la situación. No somos iguales, ellos quieren hacer como que todos somos iguales, pero no somos iguales”.





