La Justicia Federal ordenó 27 allanamientos en propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez, en el marco de una investigación por presunto narcotráfico y lavado de dinero. Los operativos alcanzaron viviendas, estancias, inmobiliarias, comercios y escribanías de Santa Cruz y Buenos Aires, además de la celda que ocupa el empresario en el penal de Ezeiza.

La principal hipótesis de los investigadores es que Báez habría continuado administrando y explotando propiedades que estaban embargadas por otras causas judiciales, pese a encontrarse detenido. También se investiga su posible vinculación con una organización dedicada al tráfico de cocaína en Santa Cruz.

Los procedimientos fueron autorizados por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Vázquez, a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Durante los operativos, que comenzaron el lunes y continuaron este martes, se secuestraron estupefacientes, documentación y vehículos relacionados con los investigados, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Además, se dispusieron embargos, requisas, secuestros de vehículos y otras medidas cautelares patrimoniales. La Justicia también ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de las personas involucradas.

La sospecha sobre las operaciones de Báez desde la cárcel

Una de las líneas de investigación apunta a determinar si Báez encabezaba desde prisión una organización dedicada a administrar, explotar y poner en circulación activos de presunto origen ilícito que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas judiciales que pesan sobre él.

Según trascendió, las escuchas realizadas en el penal de Ezeiza fueron uno de los elementos que permitieron establecer posibles conexiones entre las dos causas investigadas.

También se habrían encontrado anotaciones atribuidas a una persona señalada como la mano derecha del empresario, con detalles de distintas operaciones comerciales.

Entre las actividades bajo sospecha aparece la explotación ganadera de las estancias Alquinta y La Entrerriana, ambas alcanzadas por los procedimientos. La investigación también involucra a un productor rural relacionado con causas por abigeato.

Los investigadores buscan establecer si esos movimientos permitieron continuar utilizando bienes que se encontraban sujetos a medidas judiciales.

Como parte del operativo, la celda de Báez fue requisada y el empresario quedó incomunicado mientras se desarrollaban las medidas.

La investigación por tráfico de cocaína

La segunda causa se concentra en una presunta organización dedicada al transporte y distribución de estupefacientes en Santa Cruz.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la banda habría utilizado camiones de una empresa de transporte para trasladar cocaína, al menos desde diciembre de 2025.

La distribución estaría a cargo de dos hombres, uno de ellos responsable de un lavadero que habría funcionado como punto de entrega de la droga.

Los investigadores sospechan que uno de los posibles integrantes de la organización vinculada a Báez también tendría un papel de liderazgo dentro de la estructura dedicada al narcotráfico.

Esa conexión llevó a profundizar las pesquisas y a disponer medidas simultáneas en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires.

Allanamientos en El Calafate y Río Gallegos

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda de Báez ubicada sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, en El Calafate.

Se trata de la propiedad donde el empresario cumplió anteriormente prisión domiciliaria y que ya había sido allanada en otras investigaciones judiciales.

También se efectuaron operativos en dos inmobiliarias de Río Gallegos. Una de ellas había sido registrada en 2016, mientras que la otra está vinculada con la administración de propiedades del empresario.

Las medidas estuvieron a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz.

En la investigación intervienen el fiscal federal Julio Zárate y la auxiliar fiscal Mariela Palese, coordinadora del Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Procelac, organismo encabezado por el fiscal general Diego Velasco.

Los investigadores deberán determinar ahora el alcance de las operaciones patrimoniales bajo sospecha, el origen de los activos y las posibles conexiones entre los involucrados en ambas causas.

Por el momento, las presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de dinero forman parte de las hipótesis que intenta acreditar el Ministerio Público Fiscal.