El problema ya no es determinar cuál de los dos hermanos dice la verdad.

Tampoco importa demasiado establecer quién rompió primero, quién abandonó el partido o quién terminó acercándose a los adversarios que antes cuestionaba.

La verdadera discusión es otra.

¿Por qué, después de haber gobernado San Luis durante décadas, Alberto y Adolfo Rodríguez Saá siguen convencidos de que la provincia necesita volver a elegir entre ellos?

Los dos tuvieron tiempo.

Tuvieron poder, recursos, estructura política, mayorías legislativas, intendentes, funcionarios, medios, militancia y una provincia prácticamente ordenada alrededor de sus decisiones.

También tuvieron la posibilidad de formar dirigentes capaces de continuar aquella experiencia sin depender eternamente del apellido familiar.

Pero no ocurrió.

Cada vez que el espacio perdió conducción, entró en crisis o necesitó definir una candidatura, la discusión terminó regresando al mismo punto: Alberto o Adolfo.

Como si detrás de ellos no existiera nadie.

Como si cuarenta años de poder no hubieran alcanzado para construir una generación con autonomía propia.

Y como si San Luis tuviera la obligación de seguir esperando que los hermanos resuelvan sus diferencias para saber qué debe ocurrir con el futuro político de la provincia.

La derrota electoral de 2023 debería haber abierto otro proceso.

Era la oportunidad para revisar errores, ordenar el peronismo, promover nuevos liderazgos y comprender por qué una estructura que parecía invencible terminó perdiendo el Gobierno.

Sin embargo, la discusión volvió rápidamente a girar alrededor de los mismos protagonistas.

Adolfo comenzó a recuperar presencia territorial, volvió a hablar ante dirigentes y dejó abierta la puerta para competir nuevamente.

Alberto también regresó a la actividad política, encabezó encuentros y permitió que desde su entorno comenzaran a instalar otra vez la posibilidad de una candidatura.

No aparecen como consejeros de una nueva generación.

Aparecen como posibles protagonistas de un nuevo intento por regresar al poder.

Ese es el verdadero problema.

No que continúen opinando. Tampoco que participen de la vida política. Tienen derecho a hacerlo, como cualquier ciudadano.

Lo llamativo es que sigan presentándose como las únicas figuras capaces de reconstruir aquello que ellos mismos condujeron durante tantos años.

La pelea pública entre ambos terminó de exhibir el agotamiento de ese modelo.

Alberto acusó a Adolfo de mentir, de haber abandonado el peronismo, de construir por afuera y de acercarse a dirigentes que habían enfrentado al proyecto provincial.

Adolfo, desde su lugar, intenta recuperar la identidad de fundador y presentarse como la figura capaz de volver a reunir a los sectores dispersos.

Pero mientras discuten quién traicionó a quién, ninguno explica por qué el futuro del espacio debería volver a depositarse en alguno de los dos.

La provincia no puede quedar atrapada en una discusión familiar interminable.

Los puntanos no tienen por qué decidir cuál de los hermanos conserva mayores derechos sobre una historia política que pertenece a toda la sociedad.

Mucho menos aceptar que la única salida frente al presente sea regresar al pasado.

Los Rodríguez Saá gobernaron, construyeron obras, impulsaron transformaciones y dejaron una marca imposible de borrar en la historia de San Luis.

También cometieron errores, cerraron espacios, impidieron renovaciones y terminaron construyendo un sistema demasiado dependiente de sus figuras.

Reconocer una parte sin mencionar la otra sería contar solamente la mitad de la historia.

El problema es que todavía parecen mirar la provincia como una obra inconclusa que solamente ellos pueden terminar.

Uno dice que podría regresar para reconstruirla.

El otro asegura conservar la experiencia y el liderazgo necesarios para volver a conducirla.

Los dos hablan como si el poder les hubiera sido prestado momentáneamente y no retirado mediante una elección.

Como si 2023 hubiera sido un accidente.

Como si la sociedad estuviera esperando que alguno de ellos volviera a ocupar el lugar que considera propio.

Pero San Luis no quedó vacante.

La provincia siguió funcionando, eligió otro Gobierno y comenzó una etapa política distinta.

Podrá gustar más o menos. Podrá ser acompañada o cuestionada. Pero existe, fue elegida y no necesita la autorización de ninguna familia para ejercer el poder.

El peronismo puntano tampoco debería esperar una reconciliación entre hermanos para comenzar a reconstruirse.

Después de tantos años, tendría que ser capaz de producir dirigentes, propuestas y candidaturas que no dependan de Alberto ni de Adolfo.

De lo contrario, la supuesta renovación será apenas un cambio de escenografía para volver a representar la misma obra.

La pelea entre los Rodríguez Saá tiene, además, una contradicción difícil de ignorar.

Mientras se acusan mutuamente de haber destruido el proyecto que compartieron, los dos pretenden volver a encabezar su recuperación.

Pero si el deterioro fue tan profundo como aseguran, resulta inevitable preguntar qué responsabilidad tuvo cada uno.

No llegaron ayer.

No observaron desde afuera.

Fueron los principales protagonistas del poder provincial durante gran parte de la democracia.

Por eso ya no alcanza con señalar culpables, reconstruir viejas traiciones o prometer soluciones inmediatas.

San Luis necesita discutir qué viene después de ellos.

Necesita una dirigencia que no herede obediencias, resentimientos ni guerras familiares. Una generación que pueda reconocer lo realizado, corregir lo que fracasó y gobernar sin pedir permiso a quienes ocuparon durante décadas el centro de todas las decisiones.

Alberto y Adolfo pueden continuar peleando por el relato del pasado.

Lo que no pueden es reclamar propiedad sobre el futuro.

San Luis no forma parte de una sucesión familiar.

Y el poder provincial tampoco es una herencia que los hermanos deban repartirse cuando finalmente terminen de discutir quién de los dos traicionó primero.