La causa que investiga el vaciamiento del Molino Fénix en la gestión anterior sumó novedades al final de esta semana. La Fiscalía Nº 3 confirmó nuevas imputaciones, y en carácter de urgente dispuso que cuatro personas sean notificadas en los términos del artículo 38 del Código Procesal Penal de San Luis, es decir anoticiados de manera formal que resultan sospechosos
La resolución salió este viernes 16 de octubre, y fue firmada por el fiscal adjunto, Marcelo Palacio.
Ahora los involucrados son 10. La ex diputada Anabela Lucero; su hermano, Enzo Lucero y su cuñado, Exequiel Scarel fueron enviados a la cárcel, el 24 de agosto pasado, cuando les ampliaron la imputación por hechos de corrupción: asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia. Son sospechosos de una maniobra que les permitió sustraer bienes y desviar fondos públicos para el beneficio personal, de terceros y para hacer campaña política, según la acusación del Ministerio Público Fiscal. Por el momento el daño económico se estima en 900 millones de pesos, aun sin haber concluido las pericias contables.
La ex diputada Anabela Lucero cuando fue detenida y enviada a prisión.
La misma acusación recae sobre el diputado Joaquín Beltrán: como no ha sido desaforado, no han podido avanzar con la solicitud de encierro preventivo. Diego Torres es la quinta persona de ese grupo, la única que declaró ante el juez Santiago Ortiz y confirmó la evidencia que sostiene el Ministerio Público Fiscal. Él corroboró el momento exacto cuando se destruyó toda la documentación de las oficinas. Permanece con prisión domiciliaria.
Posteriormente imputaron y le dictaron la preventiva, el 22 de septiembre, al empresario Cristian Becher. La Fiscalía considera que su participación fue necesaria (el último eslabón de la cadena con un rol imprescindible) para que se pudiera extraer el dinero público a través de los cheques que emitían los ex funcionarios a nombre de él. Está acusado de usar sus empresas (muchas de ellas fantasmas, usando el nombre de otras personas) para la facturación por servicios inexistentes.
Lucero y Beltrán son considerados los jefes de una organización que “se valió de bienes públicos y de personas para cometer delitos”. La medida de coerción para ella, su hermano y Scarel finaliza el 24 de octubre, pero ya adelantó el fiscal José Olguín que se pedirá una extensión del encarcelamiento por dos meses más. Ese es el límite que tiene autorizada la Fiscalía para concluir la investigación y que la causa sea elevada a juicio oral.
El fiscal José Olguín junto a los fiscales adjuntos, Marcelo Palacio y Andrea Court, a cargo de la investigación.
Los nuevos involucrados son Mauro Gustavo Aguilar, como coautor de los delitos de asociación ilícita y fraude a una administración pública; Carlos Jalid Ismael, como coautor de fraude a una administración pública; y Germán Lunardi y Hugo Orlando Escudero, como coautores de peculado y destrucción de objetos destinados a servir de prueba.
De acuerdo a los datos que consiguió El Chorrillero, Aguilar sería un comerciante radicado en la ciudad de San Luis; Lunardi y Escudero se desempeñaban dentro del Molino Fénix en el área de mantenimiento; e Ismael tenía a cargo tareas de contabilidad, también dentro del organismo público.
El juez que entiende en la causa, Santiago Ortiz.
En la cédula enviada a la Oficina Judicial, el Ministerio Público Fiscal remarcó que los acusados tienen el derecho de concurrir a los Tribunales de Villa Mercedes para informarse del legajo y designar un abogado. En caso de no disponer de asistencia privada, tienen la opción de acudir a la Defensoría Oficial Penal.
Lo que seguirá después será la solicitud de audiencia de formulación de cargos.
Copyright © Copyright 2022 - Info San Luis, Argentina