El día que se vencía la prórroga de detención, Diego Torres, uno de los imputados en la causa por el vaciamiento del Molino Fénix pidió declarar ante el juez Santiago Ortiz. El Ministerio Público Fiscal había pedido la prisión preventiva fundamentando el riesgo procesal, y tuvo en cuenta la labor que desempeñó en el área contable del Complejo Molino Fénix.
Dijo todo, o en gran parte lo que Fiscalía necesitaba para confirmar los delitos que le imputaron a la ex diputada Anabela Lucero como jefa de una organización (que tiene investigadas en total a seis personas) que desvió fondos públicos para el beneficio personal.
Durante su declaración, que comenzó a la mañana (se hizo un cuarto intermedio y concluyó por la tarde), Torres dejó constancia que fue amedrentado a través de mensajes que le envió la hermana de la dirigente albertista, Virginia Lucero, y su abogado confirmó al final de este jueves, que la van a denunciar formalmente. El ex empleado del Molino Fénix se defendió y afirmó que está “injustamente detenido”.
Cuando dio detalles de cómo era la toma de decisiones, ventiló que “los jefes” eran Lucero y Joaquín Beltrán. Impartían las órdenes y todos respondían a ellos. A él puntualmente le indicaban realizar distintos pagos. “Ella me preguntaba cuánta plata quedaba en la caja chica, y yo le respondía”, agregó.
Los fiscales fueron por orden, en relación a los hechos investigados. Le mostraron primero un video, una foto y le hicieron escuchar la conversación que tuvo con Beltrán, donde acordaron cómo iban a retirar el mobiliario.
Se refirieron a lo que pasó entre las 22 del 15 de junio de 2023, y la medianoche del día siguiente, en la esquina de Pedernera y Comandante Videla, donde se encuentra el Complejo Molino Fénix. En ese momento los registros muestran cuando sacan un trailer completo de muebles. “Escritorios, sillones y una mesa de gran porte desarmada, el esqueleto digamos, con el vidrio suelto también”, según recordó.
Fue testigo, y también fue parte del saqueo de bienes públicos que concretaron en distintos momentos del 2023, el último año de gestión de Alberto Rodríguez Saá. Afirmó que estuvo ahí, y que el destino de los bienes fue la sede partidaria de Lucero, en Pringles y Bolivia. “Cuando ya se habían descargado prácticamente todo, llegué al lugar y por directivas de Anabela Lucero y Joaquín Beltrán, les mandé la foto avisando de que lo que se nos había pedido ya estaba realizado. Y entonces ella a continuación me dice: ‘Bueno, cierren y apaguen todo’. Confirmó que el vehículo que usaron era de “un amigo de Beltrán”.
También ratificó que el 9 de diciembre de 2023, entre las 11 y las 18, sacaron artefactos electrónicos de la Casa de la Música, que fueron llevados al mismo lugar.
“Se nos convocó, a distintos empleados y personal de mantenimiento para reunirnos en Casa de la Música para supuestamente revisar u ordenar, así fue la orden del señor Beltrán y de Anabela Lucero”, expuso. Relató que cuando llegó “ya había gente, estaban en la oficina, porque yo no era el único que tenía llave, Beltrán también tenía llave y estaban revisando y separando legajos de facturas, boletas y demás papelerío poniéndolos en bolsas”.
Lo mismo se hizo después en la oficina de Recursos Humanos del Molino Fénix, en donde metieron en bolsas legajos y además “mandaban a los empleados de mantenimiento a cargar en un carro contratado por vaya a saber quién, porque yo no contraté”. Todo eso fue destruido y desparramado en un basural.
Hizo referencia a la compra de mercadería en una distribuidora situada en la ciudad de San Luis, que es propiedad de un amigo y socio de Beltrán. Acá puntualizó que se armaban bolsones de comida para repartir con fines electorales, y que se usaba a los mismos empleados para acomodar los alimentos. También que los obligaban a participar de reuniones políticas, como actos, por ejemplo.
También ratificó el nombre del lugar donde se estamparon remeras y buzos con el logo de campaña de Lucero, como candidata a intendenta. Y que se pagó con fondos del Molino. Aportó que se pagaron colectivos para llevar gente a actos políticos, a San Luis, y algunas veces a La Toma. “Todos a actos de campaña”, señaló.
Por otra parte dio los detalles precisos de lo que hacía en la oficina contable: “Tuve que aprender según lo que ellos me enseñaban, sobre todo el señor Beltrán que era el que daba las directivas en cuanto a lo contable y números”. Beltrán es contador público. También precisó cómo hacía cada transferencia.
“En la oficina había una chequera. En la mayoría de las ocasiones era el señor Beltrán el que me mandaba por chat facturas y me decía: ‘Este es para transferir a fin de mes, Diego’, o ‘este es para pagar ahora o a fin de mes’. Así también me discriminaba cuando había que hacerle un cheque y me decía ‘Diego, este es para hacerle cheque o ahora o a fin de mes’. Entonces yo tenía que organizarme, administrarme y dejar separado”, argumentó cuando le consultaron puntualmente el movimiento de este tipo de libranza.
Aclaró que “él me mandaba a mí a rellenar los cheques, pero yo no los firmaba, nunca firmé cheques, sino que yo rellenaba el destinatario y el monto”. Señaló que “eran tres firmantes”. Nombró a Beltrán, Enzo Lucero y Exequiel Scarel. “El cheque necesitaba dos firmas de ésas”, agregó.
Entre esos, había cheques que se emitían como ayuda social, por $50 mil pesos, a personas que acompañaban la campaña.
Cuando se terminaron las preguntas, el juez resolvió la prisión domiciliaria por dos meses.
La resolución del juez
Se concedió la prisión domiciliaria por el plazo de dos meses, que deberá cumplir en una vivienda del Barrio Jardín del Sur. Para resolver, Ortiz dijo que se evaluó una modificación en los riesgos procesales, la actitud de colaboración del imputado (su declaración prestada como acto de defensa que aportó información valorada por la Fiscalía), la propuesta de la defensa, y el acuerdo de los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar, el tribunal impuso un sistema de seguridad reforzado que incluye monitoreo electrónico, es decir la inmediata colocación de una tobillera electrónica; y control policial presencial y sorpresivo. Tiene prohibido salir del perímetro del domicilio fijado, y las visitas.
Torres estará sometido a control diario, aleatorio y sorpresivo por parte de la Comisaría Nº 31, debiendo concurrir al domicilio al menos tres veces y labrar actas para informar al Ministerio Público Fiscal.
También se impuso la prohibición de contacto y comunicación, en forma directa o indirecta, personal, telefónica, digital o por redes sociales, con testigos, coimputados, como también a través de terceras personas interpuestas.
Se designó a su padre, Jorge Rubén Torres, como guardador responsable, quien deberá aceptar formalmente el cargo y asumir las responsabilidades que este implica.
El magistrado advirtió al imputado que cualquier alteración del dispositivo electrónico, intento de egreso no autorizado, falsedad o incumplimiento de las reglas impuestas provocará la revocación inmediata de la medida, su captura y la imposición de nuevas medidas de coerción.
Cobertura e informes: Sonia Schoenaker
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