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El fenómeno de las amenazas en el ámbito escolar encendió las alarmas en San Luis y dejó de ser considerado una simple travesura. La fiscal de Instrucción N°6, Linda Maluf Martínez, advirtió que estos hechos pueden derivar en imputaciones penales para los adolescentes involucrados, en el marco de una situación que ya afecta a una veintena de instituciones educativas.

“Bajo ningún punto de vista, o muy lejos está de ser una broma, porque esto trae consecuencias legales graves tanto para quienes profieren las amenazas como para los padres o tutores”, sostuvo en declaraciones a El Chorrillero.

Según explicó, este tipo de conductas encuadra en delitos tipificados en el Código Penal Argentino, como amenazas e intimidación pública. Esta última figura sanciona a quien genere temor generalizado o altere el orden social mediante señales o mensajes de alarma, con penas que van de 2 a 6 años de prisión.

“Son delitos que están tipificados en nuestro Código Penal; los alumnos pueden quedar sometidos a un proceso penal y ser objeto de una imputación”, advirtió, y llamó a las familias a dialogar con sus hijos sobre las implicancias de estos hechos.

En San Luis ya se registraron aproximadamente 20 denuncias vinculadas a amenazas, muchas de ellas detectadas en escritos en los baños de los colegios o difundidas a través de redes sociales. De acuerdo a la fiscal, se trata de una tendencia que también se replica en otras jurisdicciones del país.

Ante este escenario, se dispusieron consignas policiales preventivas en las instituciones afectadas. La medida se mantendrá, al menos, durante la próxima semana, ya que algunas amenazas tienen “fecha cierta” para los días 20 y 22 de abril.

“Vamos a seguir con las consignas policiales en los colegios donde ya han sido informadas las amenazas y si llegan ingresos a los colegios nuevos también se dispondrá del mismo tipo de medidas”, adelantó.

Maluf Martínez también remarcó que la responsabilidad no recae únicamente sobre los menores. “Llamamos justamente a tomar un poquito de conciencia y que las familias puedan dialogar con sus hijos y explicarles las implicancias legales que este tipo de amenazas pueden tener”, expresó.

En ese sentido, confirmó que los padres o tutores pueden responder por las consecuencias de estos hechos. “Pueden responder claramente por los daños que ocasionan este tipo de acciones”, afirmó, en relación a eventuales perjuicios materiales o situaciones derivadas de las amenazas.

Sobre la investigación, indicó que se trabaja sobre pistas que vinculan estos episodios con plataformas como TikTok. Si bien hasta el momento no se detectó la presencia efectiva de armas u otros elementos de peligro real en los establecimientos, no se descarta ninguna hipótesis.

“Esta ha sido una de las provincias que más amenazas y más instituciones educativas ha afectado. Sí hay en otras provincias, pero no tanta cantidad como acá”, señaló.

La identificación de los autores presenta dificultades por el anonimato que ofrecen los entornos digitales, aunque en algunos casos la Fiscalía ya tiene “acotado un grupo” de posibles responsables.

El abordaje se realiza de manera articulada entre el Ministerio Público Fiscal y los ministerios de Educación y Seguridad. “Genera mucho temor y caos en la sociedad. Deja de ser una broma y a eso hay que sumarle todo el movimiento de recursos que el Estado está realizando para poder abordar esta situación, que implica un despliegue institucional muy grande”, concluyó.