
El ministerio de Educación confirmó la desvinculación de ocho coordinadores de los programas de Generativas Rurales tras detectar una serie de irregularidades en su desempeño. Señalaron que venían desempeñándose en sus cargos desde la administración anterior y que durante los últimos meses se registraron diferentes problemáticas vinculadas al funcionamiento cotidiano de los establecimientos educativos.
La directora de Comunidad Educativa, Celeste Aparicio, explicó que la decisión fue tomada luego de un proceso de evaluación que se venía realizando desde el inicio de la actual gestión.
“Hace tiempo veníamos evaluando los desempeños que llevaban adelante. Recordemos que estos coordinadores, tras el cambio de Gobierno, continuaron en su puesto”, indicó y aseguró que durante ese período se registraron “innumerables situaciones”, muchas de ellas vinculadas a conflictos con los directivos de las escuelas rurales donde funcionan estos programas.
Las Generativas Rurales funcionan en establecimientos educativos de parajes y zonas alejadas de los principales centros urbanos de San Luis y generalmente la escuela primaria y el jardín están a cargo de personal único.
En ese contexto, el programa permite completar el nivel secundario y cada coordinador tiene a su cargo entre cuatro y cinco instituciones educativas de distintos lugares.
Aparicio remarcó que la articulación entre los coordinadores y los directivos es clave para el funcionamiento de estas propuestas educativas. Pero se presentaron inconvenientes en varias oportunidades en esa relación. “El directivo es vital. Hemos tenido que hacer muchas veces mediaciones, con situaciones de conflictos. Ha intervenido la subdirección Rural, nosotros con Bienestar Escolar”, sostuvo.
Entre las irregularidades detectadas también se mencionaron problemas administrativos y situaciones vinculadas al funcionamiento. “Hubo casos donde no querían inscribir chicos en los Generativos Rurales o una falta de envío de planificaciones”, detalló. Esto motivó la intervención del área educativa.
Uno de los episodios que generó mayor tensión ocurrió el 18 de febrero, cuando docentes se manifestaron frente al ministerio de Educación para reclamar “mejores condiciones de trabajo” y la restitución de viáticos que, según sostenían, habían sido eliminados durante el período de vacaciones. Desde el Gobierno indicaron que esos pagos ya habían sido restituidos previamente, aunque esa información no había sido transmitida a los docentes.
“Hubo mala fe en algunos casos respecto al viático, donde se informó en diciembre que se cobraba en febrero. Esa información no fue transferida a los docentes, entonces lo desconocían y lo cobraron en febrero, cuando ya se había cumplido”, afirmó Aparicio. Los viáticos, explicó, habían sido incorporados en la gestión para cubrir gastos de movilidad.
La funcionaria también aseguró que durante esa protesta algunos docentes señalaron haber sido presionados para participar de la movilización. “Muchos manifestaban que habían sido amenazados para venir ese día al reclamo. Esas situaciones no se podían seguir permitiendo”, expresó.
A su vez, desde la cartera educativa indicaron que los coordinadores conocen el alcance de sus funciones y las condiciones contractuales de sus cargos. “Saben que esos contratos se pueden rescindir en cualquier momento, así mismo las 35 horas que tienen que cubrir semanalmente, que no se estaban llevando adelante”, señaló Aparicio.
También mencionó problemas en el control de asistencia del personal docente. “Muchas veces los coordinadores no informaban las faltas de los docentes y nos enterábamos por tutores y directivos de los establecimientos”, explicó.
Finalmente, habló de otro problema detectado: la escasa comunicación con las autoridades escolares de las zonas rurales: “Para nosotros es vital, al igual que para las escuelas, ha sido uno de los puntos centrales”.