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Ni Hollywood lo hubiera guionado mejor. Hace dos meses y medio que Daniela Cristina Torres fue suspendida como fiscal instructora de Villa Mercedes y percibe la mitad de su sueldo. La sanción y el juicio en su contra que está en marcha es porque se quedó con casi medio millón de pesos que secuestró en un allanamiento. Luego de la insistencia de la víctima, que se cansó de ir hasta Tribunales para reclamar el dinero, un juez la instó a Torres a restituirle el efectivo a la mujer. Luego de mucha presión, la funcionaria devolvió casi toda la plata.

Luego trascendió que, casi en la misma época, la letrada hizo lo mismo en otra causa, que terminó en el fuero federal. Había ordenado allanamientos, en los que encontró drogas e incautó dinero. Le entregó a la Justicia Federal los estupefacientes, pero los billetes no. El juez federal Juan Carlos Nacul la intimó hasta último momento para que entregara el efectivo, presiones hasta en las que tuvo que intervenir la jueza de Garantías Mirta Ucelay, porque ya no hallaban manera de reclamarle que realizara la restitución. Los últimos 30 mil pesos de esa suma que debía devolver la ahora suspendida fiscal terminó extrayéndolos de su propia cuenta bancaria, en un cajero automático.

Ése fue solo el comienzo. Desde que no está al frente de la Fiscalía de Instrucción 2 de Villa Mercedes, el colega que la subroga descubrió que el lugar que gestionaba Torres tiene más causas de las que debería, escondidas como basura debajo de una alfombra. Está llena de sorpresas. Y es, de alguna manera, una caja de pandora. Sospechas de corrupción.

Torres fue suspendida de sus funciones el 22 de mayo por orden del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de San Luis, en principio, por aquella causa en la que retuvo 473 mil pesos a la madre de dos jóvenes, que ella consideraba sospechosos de un robo y un hurto. Al poco tiempo, salió a la luz el caso que la llevó también a tener roces con los jueces federales.

La Fiscalía de Instrucción 2 no podía quedar acéfala. El fiscal Leandro Estrada, a cargo ya de la Fiscalía de Instrucción 4, como puede, empezó a subrogarla. Y, a los pocos días de tomar contacto con el lugar que administraba su par, los problemas empezaron a tocar a su puerta. El primero de ellos es el que involucraba a Lucas Emanuel Pastrán.

Pastrán, un apellido conocido por los policías y la Justicia del fuero penal. Ese hombre y su hermano, Alex Alexis, más de una vez fueron detenidos o, al menos, estuvieron sospechados de delitos contra la propiedad. En el 2023, Torres los imputó a ambos por un robo.

Las pruebas que había reunido la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), al parecer, le fueron suficientes para llevar a los hermanos hasta los Tribunales y formularles cargos por ese hecho. En esa audiencia, el defensor de uno de ellos, de Lucas Pastrán, manifestó la voluntad de su cliente de poner fin al proceso judicial a través de una reparación económica. Es decir, el imputado estaba dispuesto a pagarle dinero a la víctima para que desistiera de seguir la causa en su contra. La propuesta fue mencionada en esa audiencia, restaba comunicársela al damnificado para preguntarle si estaba de acuerdo o no.

Esa fue la única audiencia, presidida por un juez de Garantías, que tuvo esa causa. Torres alcanzó a formularle cargos a los Pastrán y quedó pendiente el diálogo entre las partes para ver si era posible extinguir la acción penal, con ese ofrecimiento de dinero que sobrevoló en esa audiencia.

Este año, a los pocos días de hacerse cargo de la Fiscalía 2, el fiscal Estrada fue llamado a una audiencia de sobreseimiento. Era la causa Pastrán. En teoría, uno de los imputados, Lucas Emanuel, había entregado 100 mil pesos en concepto de reparación integral al denunciante. Lo que significaba que el proceso penal en su contra debía ser terminado.

Cuando Estrada solicitó el legajo de ese caso para constatar efectivamente que habían llegado a un acuerdo y que estaban dadas las condiciones para sobreseer al hombre descubrió todo lo contrario. “Se encontró con que la víctima nunca estuvo de acuerdo con la reparación económica, no quería la plata y tampoco recibió plata. Sin embargo, en el expediente hay una constancia de que sí se hizo un pago”, reveló una fuente.

La constancia, firmada digitalmente por Daniela Torres, con el título y logo del Ministerio Público Fiscal, decía “Certifico que el ciudadano Pastrán Lucas Emanuel ha comparecido, en el día de la fecha a Fiscalía a hacer entrega de tanta plata”, refirió el informante.

En concreto, el pago fue en dos veces. El 8 de noviembre de 2023 el imputado entregó 47 mil pesos. Dos días después, abonó 53 mil pesos y completó así un total de 100 mil. Ambas constancias de pago fueron cargadas al sistema digital que tiene la Justicia el 10 de noviembre de 2023.

Estrada siguió con la revisión del expediente y así advirtió que unos días antes, el 6 de noviembre, el denunciante había manifestado que no estaba de acuerdo con la reparación, que no quería el dinero y deseaba que el proceso siguiera su curso hasta la instancia de juicio.

El fiscal subrogante se vio obligado, entonces, a suspender la audiencia que le solicitaban, porque no había sobreseimiento posible. El damnificado no había recibido efectivo y jamás estuvo de acuerdo con eso. Pero sí fijó otra audiencia para hablar con la víctima.

El 23 de julio el denunciante fue hasta Tribunales y dejó en claro una vez más cuál fue su postura durante todo el proceso. “El día primero de noviembre se comunica conmigo al celular el señor Gastón Yllera (por aquel entonces, el abogado trabajaba en la Fiscalía de Instrucción 2) y me cita para el viernes tres, a las diez de la mañana, que tenía que presentarme en Tribunales”, contó. El hombre fue hasta la Fiscalía de Torres, allí le comunicaron que Pastrán estaba dispuesto a pagarle 25 mil pesos para cerrar la causa. “Me presento y no acepto la propuesta”, aseguró el damnificado. De hecho, hasta existe un informe sobre ese ofrecimiento de 25 mil pesos.

Lucas Pastrán.

El lunes siguiente, desde la Fiscalía de Instrucción 2, vuelven a citarlo porque el imputado ahora cuatriplicaba su cifra y le ofrecía 100 mil pesos, a pagar en dos veces. “Vine a fiscalía, estaba Yllera, y firmé un acta donde dejé asentado que no aceptaba la propuesta y de forma determinante les informé que deseaba que siguiera el proceso judicial”, aseveró. Y, para que no quedaran dudas, remarcó: “Nunca recibí sumas de dinero y manifesté que no que quería recibir ninguna otra propuesta”. Clarísimo.

Pero, según las evidenciaas, la fiscal Torres sí aceptó esa plata que él no quería.

—¿Por qué dejar constancia de un pago ilegal? —preguntó El Chorrillero.

—Porque se lo pidió Pastrán. Él necesitaba una constancia de que había realizado el pago—le contestó la fuente.

—Sí, ¿pero por qué dejarlo en los legajos, al descubierto, a la vista de todos? —repreguntó la periodista.

—No sé—dijo.

—¿Qué debe haber pensado Torres? —consultó la cronista.

—No sé. Debe haber pensado que el damnificado no se iba a presentar y, terminada la causa, a quién le iba a calentar un pobre al que le robaron ¿A quién le podía importar? —expresó.

A Estrada le importó. Por eso al final la semana elevó un informe al Procurador General de la Provincia, Sebastián Cadelago Filippi, quien asumió en su cargo el martes 12 de agosto, para ponerlo al tanto de este caso y otro más, otro que involucra una suma millonaria desaparecida. Trascendió también que se lo comunicará al Jurado de Enjuiciamiento, porque entiende que hay que investigar la comisión de uno o varios delitos. Delitos que pueden tipificarse como “estafa”, “estafa procesal”, “hurto”, “incumplimiento de deberes de funcionario público”, “defraudación”, “falsedad”, y la lista podría seguir y seguir.

Si los jueces llegasen a entender que no existió un delito, no podrán negar que hubo, al menos, una falta grave. “La doctora recibió 100 mil pesos y no se los dio a la víctima, a nadie”, subrayó.

—¿Podrían inhabilitarla para ejercer la abogacía? —dijo la periodista.

—Por supuesto—respondió la fuente.

Un protagonista que ya no está

En el lapso que Torres tomó ese efectivo y que la verdad salió a la luz, el imputado que pagó esa plata, para colmo, fue asesinado en la Navidad pasada. Ese día, alrededor de las 9:20, Pastrán se reunió con Federico Emanuel Sosa, en la esquina de Milone y Guayaquil. Según ventilaron en el juicio oral, realizado en junio, el ahora fallecido iba a venderle marihuana al otro hombre.

Pero la transacción no salió como esperaban. Discutieron, Pastrán golpeó a Sosa y él, en respuesta, sacó un arma de fuego. Al ver eso, la víctima de 33 años trató de escapar, pero a unos seis metros de distancia recibió un disparo en la espalda. La bala le perforó un pulmón y el hígado. Fue mortal. Sosa fue condenado a 12 años de cárcel por eso.

Como murió, la causa por el robo por el que abonó 100 mil pesos quedó extinta. Pero continúa para el otro imputado, su hermano Alex Alexis. “Aún si estuviera vivo, lo que pagó no le serviría porque el denunciante jamás aceptó la propuesta. No quería plata, tampoco la recibió, pero la recibió Torres”, comentó la fuente.

—Está la constancia de que pagó, en concepto de reparación económica, que dice la fecha y el monto que le dio a la fiscal ¿Qué puede decir Torres si un Tribunal le enrostra eso? —planteó este medio.

—¿Qué va a decir? ¿Que es una constancia de pago falsa? Hasta la firmó digitalmente ella ¿Qué va a decir? ¿Que esto es falso, que no le trajeron nunca la plata? ¿Pero que las constancias de pago las agregó en el legajo? —manifestó el informante.

—Sorprende que haya dejado una constancia. ¿Habrá pensado, entonces, que nunca nadie se iba a enterar y quejar?—dijo la cronista.

—Yo creo que la doctora Torres, además de un gran sentimiento de impunidad, se debe creer que puede hacer lo que quiere y que nadie le puede decir nada—expresó.

—Sí, pero si alguien sabe que está cometiendo un delito, haciendo algo ilegal, normalmente no se expone dejando constancia de eso, de manera escrita, en el legajo de una fiscalía. Es estúpido—concluyó la periodista.

—Y cuando te crees que sos Dios, podes hacer cosas estúpidas. Sí —sostuvo.