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Este lunes se presentó un nuevo capítulo en la causa que investiga el vaciamiento del Molino Fénix, y que tiene entre los imputados a la ex diputada Anabela Lucero, y a su pareja, ahora también legislador provincial, Joaquín Beltrán.

Se llevó adelante una audiencia donde se resolvió que los aparatos tecnológicos que fueron secuestrados a los cinco acusados de cometer delitos de corrupción mientras fueron funcionarios en el Gobierno anterior, van a ser peritados. La petición la hizo el Ministerio Público Fiscal y el juez Santiago Ortiz hizo lugar.

El magistrado autorizó la extracción de información de los teléfonos y dispositivos tecnológicos pertenecientes a los imputados y de dos personas más, quienes, según el informe de la Fiscalía, que está a cargo de José Olguín, dieron su consentimiento para que se haga.

De este modo se analizarán las comunicaciones comprendidas entre el 1º de enero de 2023 y el 26 de diciembre de 2024. También el registro de llamadas, mensajes de texto, mensajes de redes sociales, fotos y videos, intercambio de archivos contables, registros entre los involucrados y todo lo vinculado a los hechos por los cuales se formularon cargos de manera provisoria. No se extraerán información de comunicaciones con terceras personas a los fines de preservar el derecho a la intimidad.

Son teléfonos IPhone (uno propiedad de cada uno de los investigados), otro que pertenecía al salón de fiestas de Anabela Lucero, y hay computadoras.

Están involucrados además de Lucero y Beltrán, el hermano de ella, Enzo Lucero (ex jefe de Eventos); el cuñado, Ezequiel Scarel (encargado de la Casa de la Música); y Diego Torres (ex coordinador de Teatro).

A Lucero y Beltrán les formularon cargos el 14 de marzo por peculado (sustracción de elementos, y uso de las personas que trabajaban en el Molino Fénix, de las instalaciones y de vehículos), administración fraudulenta (uso de bienes y fondos, transporte de personas, pago de seguros en lugares donde funcionaban sus sedes partidarias cuando fue candidata a intendenta de Villa Mercedes), malversación de caudales públicos, abuso de autoridad. Ambos en calidad de autor.

El nuevo defensor de Beltrán, Gabriel Braco (antes lo tuvo de abogado a Gonzalo Estrada) solicitó la suspensión de la audiencia y un plazo para estudiar el expediente. También la devolución del teléfono de su cliente (fue el segundo intento de recuperarlo que hizo Beltrán). Para esto último argumentó que fue adquirido con posterioridad al cese de funciones en el Molino Fénix.

El 15 de abril pasado Ortiz rechazó por “improcedente” el planteo de los defensores para que se devuelvan los teléfonos a los sospechados. Fundamentó que el secuestro “fue dispuesto por orden escrita y fundada” por parte de su Tribunal el 14 de noviembre de 2024.

Ese mismo día Ortiz intimó para que en 48 horas la Fiscalía envíe un acta detallada sobre la totalidad de los elementos secuestrados que tiene en su poder, y los remita a la Oficina de Secuestros Judiciales. Esa documentación la tuvo finalmente en su poder el juez, y la entregó a las partes.

Por otra parte, la defensora oficial Cecilia Mithiaux (igual que el resto de las defensas) manifestó la disconformidad de hacer el peritaje de los dispositivos, y una vez más cuestionó a la Fiscalía.

Recordó por un lado que se rompió la cadena de custodia, y por el otro que no hay “especificación de manera pormenorizada de los datos que se pretendan obtener” de los teléfonos. Sobre lo primero (que se trata de un teléfono que habría sido usado mientras estaba secuestrado), Ortiz requirió en la audiencia anterior que se abriera una investigación por separado para hacer “una valoración en esta etapa procesal” respecto a esa posible irregularidad.

Mithiaux planteó en sintonía con sus colegas que se notificaron de los puntos de pericia “en el día de la fecha y dos horas antes de la audiencia”. También dijo Mithiaux que los mismos son “vagos, incompletos, imprecisos y de manera generalizada”. Que los aparatos fueron secuestrados en noviembre y que la Fiscalía estaría incumpliendo el plazo establecido en la normativa. Adelantaron que apelarán la resolución.

La Fiscalía respondió que se está investigando, que están buscando temas referenciales a los hechos, información que existiría y que aportaría a la investigación. Es decir, quieren saber la comunicación que había entre los imputados, el intercambio de documentación y elementos necesarios.

La defensora oficial adjunta, Ximena Bertoli (representa a Diego Torres) expuso que hacer lugar al pedido de Fiscalía “vulneraría el derecho de defensa y el bien jurídico protegido de la privacidad e intimidad”. Sobre su defendido dijo que no cumplió funciones como administrador por lo tanto “no tendría información de documentación de informes y balances”.